por Paula Carri
Hoy en las oficinas de Google en Puerto Madero, se realizó un encuentro para prensa con el abogado Pedro Less Andrade, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de la empresa para Latam. La charla tenía una connotación especial por la incipiente batalla legal que podría desatarse en nuestro país debido a las demandas -concentradas casi exclusivamente por el Estudio Leguizamón– de famosos y politicos que presentaron medidas cautelares en la justicia para que sus nombres no aparezcan en el buscador más usado a nivel mundial (aunque Google prefiere no dar nombres, se sabe que Diego Armando Maradona y la jueza Servini de Cubría son dos de los casos más resonantes).
Less Andrade recordó que los intermediarios como Google son una simple vía de comunicación de contenidos. Los motores de búsqueda no generan contenido, sino que muestran los contenidos que han sido generados por terceros y que ellos no tienen control alguno sobre ellos. Comparó a los motores de búsqueda con los catálogos por fichas de una biblioteca. ?Los motores de búsqueda no muestran una parte segmentada de la realidad de la red, sino que muestran el contenido de manera objetiva?, sostuvo. Y, por otra parte, alertó que eliminar un resultado de UN motor de búsqueda no garantiza que desaparezca ese contenido de TODA la red.
Cabe recordar que los motores de búsqueda funcionan con un sistema de computación que recaba información a lo largo de toda la web (long Tail). O otro programa que analiza la info otorgada mecánicamente, genera un índice según algoritmos (que en el caso de Google son más secretos que la formula de la Coca Cola) y luego otro programa de computación permite que los usuarios puedan realizar las búsquedas.
Ahora bien, ¿qué hacer cuando a alguien no le gusta o considera ofensivo lo que aparece sobre sí mismo al googlearse? Less Andrade dice que ?los intermediarios no se encuentran en condiciones de identificar contenido supuestamente illegal ni de determinar el carácter lesivo de los mismos. Esa es una atribución reservada a la justicia?. Por esto es que, en la mayoría de los casos (alrededor de 84%) presentados por particulares a la justicia, Google apelará ante los tribunales. Y no sólo lo harán por defender su compañía, sino porque ?estas decisiones afectan a toda la comunidad?. Porque en cierto sentido, ellos son parte de que determinado contenido aparezca en primer o segundo término. Si bien Google confía (aunque reconoce que en algunos aspectos podría existir una suerte de vacío legal) que la justicia ponga sensatez en esta situación -y a ella se remite-, también hubo confianza en la gestión del Poder Ejecutivo en el desarrollo de la agenda digital en material de Sociedad de la Información. ?Se está consultando a todos los players y es realmente un proyecto muy importante para nosotros?.
En cuanto a las denuncias, lo que les suena más extraño es que en ninguno de los casos hubo una demanda contra los generadores de contenidos, sino que los reclamos directamente se encaminaron a Google y Yahoo!. Los montos reclamados en cada caso oscila entre 300 y 400 mil pesos. ?El 99% de estas presentaciones están representadas por un solo abogado, así que -para decirlo dulcemente-: saquen ustedes sus propias conclusiones?, concluyó Alberto Arébalos, director de comunicaciones de Google en la region.