En esta vida digital, todos tenemos derecho al olvido. A poder ser borrados del mundo.

Se llama Mario Costeja González, es español, tiene  55 años y trabaja como perito calígrafo judicial. En 1998 su nombre salió en el diario La Vanguardia de Barcelona por culpa de un departamento suyo que iba a ser rematado por una deuda. González se divorció y pagó, pero años después su nombre junto a esa deuda seguía saliendo en los primeros resultados de Google cuando alguien ponía su nombre. Diez años después, en 2008, se hartó y decidió reclamar en la justicia.

Ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tras varias apelaciones de Google, le dio la razón al español. Los abogados del buscador alegan, en todos los tribunales del mundo, que ellos solo indexan resultados alojados en servidores de terceros (un diario online, por ejemplo) y que no puede hacerse cargo ni responsable por lo que publican los demás. Es una verdad a medias. Porque Google no puede pecar de ingenuo y desentenderse. Saben, mejor que nadie, que su buscador es la referencia obligada de la mayoría de los usuarios de internet. La responsabilidad que tienen es enorme. Una persona publica cualquier mentira, dato falso, difamación etc. en cualquier blog, twitter o plataforma y quedará ahí, estampado para siempre en los resultados, en las narices de quien busque información sobre esa persona.

Es cierto lo que dice Google pero si ellos no pueden resolver el problema, que afecta directamente a miles de usuarios en todo el mundo, entonces que se dediquen a otra cosa. Nadie los obliga. Recursos para buscar soluciones tienen de sobra. Técnicos y Monetarios. Por la publicidad vinculada directamente al contenido de SUS resultados, facturaron el año pasado casi 60 mil millones de dólares.

El fallo del tribunal de la UE es muy importante porque sienta un precedente. Desde ahora, los buscadores de internet deberán eliminar para siempre de sus resultados los links con datos personales antiguos, según lo requieran aquellas personas que se consideren perjudicadas. «El buscador es responsable del procesamiento que hace de los datos personales que aparecen en sus páginas web», dice el fallo. Me permito ser un poco optimista. Un poco nomás.

Solo en España hay más de 200 casos similares al de Costeja González esperando una resolución. En el resto del mundo hay muchos más casos que reclaman el legítimo «derecho al olvido».