Columna publicada en El Cronista el 24 de mayo
Es como el juego del gran bonete: nadie lo tiene. Pero lo cierto es que la basura electrónica no para de aumentar. A fines de noviembre del año pasado, el bloque de diputados oficialistas del Frente Para la Victoria (FPV) trabó la Ley de Basura Electrónica en el Congreso, que ya contaba con media sanción del Senado y por lo tanto el proyecto perdió estado parlamentario. Es decir, hay que volver a empezar un largo camino judicial iniciado en 2008 para que las empresas se hagan cargo de las, por lo menos, 120 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que cada año ellas mismas producen y venden en nuestro país. Celulares, cámaras de fotos digitales, impresoras, televisores, aires acondicionados, heladeras, monitores y computadoras, entre otros aparatos. Pero también las pilas y baterías. Para dimensionar el problema: el año pasado tiramos a la basura unas 400 millones de ambos componentes.
En promedio, los aparatos electrónicos se componen de un 95% de componentes reutilizables y reciclables (plásticos, metales, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño de las placas, etc.). Este punto es clave porque se reduciría la extracción mediante la minería a cielo abierto, además de ahorro en consumo de energía, emisión de sustancias peligrosas, generación de residuos y emisiones de dióxido de carbono (C02), que genera efecto invernadero.
El oro es un caso ejemplar: el 90% de lo que se extrae en las minas va a parar a acopio, inversiones financieras y joyería. La industria tecnológica consume 300 toneladas por año de oro, con lo cual, según datos de la Secretaría de Minería, las actuales reservas podrían abastecer a la industria tecnológica durante los próximos cien años. Y el oro presente en los celulares, por ejemplo, se tira a la basura cuando podría ser reciclado.
En los RAEE hay también un 3% de elementos tóxicos como el plomo, mercurio y el amianto. Gran parte de esos desechos contaminan el medio ambiente y presentan altos riesgos para la salud de las personas. El tratamiento es complejo y requiere una regulación especial similar a la que reciben otros residuos peligrosos.
Las campañas educativas para concientizar a la gente son nulas. Por eso los consumidores no sabemos qué hacer con nuestra basura electrónica. La guardamos en un armario por años o la tiramos a la calle sin el menor recaudo. Ni el Estado ni las empresas que nos venden sus productos de a millones invierten en campañas publicitarias para informar sobre el tema.
Por trabar la sanción de la Ley, Greenpeace volvió a responsabilizar al kirchnerismo y a la ministra de Industria Débora Giorgi, por considerar que defiende los intereses de las empresas nucleadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Se les exige a las empresas una Responsabilidad Extendida, por la cual deben ser responsables financiera y legalmente de la gestión y tratamiento de sus propios residuos electrónicos hasta el fin de su ciclo (y no hasta que el producto llegue al consumidor). Hasta el momento, los anuncios sobre estos temas de las empresas fabricantes de celulares, procesadores, periféricos, televisores y computadoras sólo se limitan a avisos publicitarios y muy pocas acciones concretas y efectivas. Simple maquillaje. Todas las empresas dicen en público tener conciencia verde, pero la realidad es que hacen poco y nada al respecto.
También responsabilizan al Diputado del FPV Roberto Feletti porque, según la ONG, ?trabó el debate previo en la Comisión de Presupuesto y fue el mentor de la estrategia del bloqueo dentro de su partido”. El motivo del bloqueo está bien lejos del cuidado del medio ambiente: una interna partidaria con Daniel Filmus, uno de los impulsores iniciales del proyecto de Ley.
A diferencia de lo que ocurre en otros países (que ya tienen leyes al respecto), en la Argentina seguimos sin saber qué hacer con la basura electrónica. Las empresas fabricantes miran para otro lado y los legisladores pierden tiempo y recursos en internas políticas. Como jugando al Gran Bonete.
-¿Yo señor?
-Sí Señor.
-No señor.
-¿Pues entonces quién lo tiene?